¡Por fin! La Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) se han puesto de acuerdo para ‘meterle mano’ de forma unificada a los inventarios públicos en las instituciones del Estado. Esta disposición conjunta, que viene a ponerle fin a un relajo, busca fortalecer el control, el registro y el monitoreo de los bienes de consumo, una ‘vaina’ que era necesaria para la transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos que son de todos los dominicanos.
Asegún el reporte, la circular está firmada por el contralor general de la República, Geraldo Espinosa, y el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel Florenzán. Esta iniciativa es una respuesta directa a lo establecido en el Decreto 385-25 y tiene como meta principal que todas las entidades públicas manejen sus inventarios con criterios uniformes. Esto es transitorio, ojo, mientras se desarrolla e implementa la solución tecnológica integral que el decreto contempla. Es como un ‘parche’ bacano mientras llega la solución definitiva.
Esta medida no es para cualquiera, no. Está dirigida a ministerios, direcciones generales y nacionales, instituciones del Gobierno central, entidades descentralizadas y autónomas, organismos de la Seguridad Social, empresas públicas no financieras y todos los órganos de la Administración pública que tienen que ver con bienes de consumo. Además, involucra a los comités de contrataciones públicas, los departamentos administrativos y financieros, las unidades de almacén y suministro, y hasta a las Unidades de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República. ¡Nadie se queda fuera de este coro!
Entre las ‘vainas’ más importantes que trae esta disposición está la homologación obligatoria de los registros de inventario con el Catálogo de Bienes y Servicios que maneja la DGCP. El objetivo de esto es bien claro: asegurar que la información sea comparable, se pueda consolidar y sea trazable para planificar, monitorear y controlar. Para que nadie se pierda en el camino, la medida también contempla asistencia técnica para facilitar la clasificación correcta de los bienes y la validación de la información que remitan las instituciones.
Además, la normativa dice que las instituciones deben reforzar sus políticas y procedimientos internos para gestionar los inventarios. Esto incluye metodologías de clasificación claras, criterios para el abastecimiento y mecanismos de alerta temprana. Así se busca identificar de una vez los productos que están próximos a vencerse, los que no se mueven para nada o los que tienen riesgo de desabastecimiento, evitando que se pierda o se dañe un ‘viaje’ de cosas.
Como parte de estas medidas, las entidades tendrán que hacer un corte de sus inventarios al menos dos veces al año (semestral), y mandar la información a la Contraloría General de la República usando un formato digital único que ellos mismos van a habilitar. Este mecanismo es ‘jevi’ porque permitirá tener información periódica, verificable y estandarizada, algo fundamental para fortalecer la supervisión y el control en todas las instituciones.
La circular también instruye que, antes de iniciar cualquier proceso de compra de bienes de consumo recurrentes, las instituciones tienen que verificar las existencias que tienen, analizar lo que se ha consumido históricamente y confirmar si realmente necesitan reponer esos bienes. De igual manera, deben consultar la planificación trimestral del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), para garantizar que las adquisiciones respondan a necesidades identificadas y a la programación institucional vigente. ¡Así se evita el ‘tigueraje’ de compras innecesarias!
Para que todo el mundo esté al tanto y no haya excusas, la disposición también manda a las instituciones a preparar reportes periódicos para sus máximas autoridades sobre el estado de los inventarios. Estos reportes deben incluir información clave como existencias críticas, bienes a punto de vencerse, necesidades de reposición y cualquier otro hallazgo relevante que ayude a tomar decisiones y a fortalecer el control interno de cada entidad.
La Contraloría y la DGCP no van a dejar a nadie en el aire. Como parte de la implementación, van a desarrollar jornadas de capacitación y socialización dirigidas a todas las entidades a las que aplica la circular. Esto es para facilitar que la gente entienda bien y ejecute correctamente estas nuevas disposiciones, que son un paso adelante en la gestión pública.
Es importante recordar que esta circular es de carácter transitorio. Estará vigente hasta que se complete el desarrollo, la implementación y la estabilización del sistema tecnológico integral para la gestión de inventarios de bienes de consumo, tal como lo prevé el Decreto 385-25. Su entrada en vigor será efectiva a partir de su publicación y difusión en los portales institucionales de la Contraloría General de la República y la Dirección General de Contrataciones Públicas. ¡Así es que se trabaja, de una vez!
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