¡Klk mi gente! Aquí en la República, las asociaciones que le meten el pecho a la prevención y el tratamiento de las adicciones están que trinan, exigiendo lo suyo de la Ley 155-17. La cosa es seria: esa ley establece que un 15 % de los bienes incautados y decomisados debe ir para ellas, y estamos hablando de un viaje de tres mil millones de pesos entre 2020 y 2023. Esa es la ‘vaina’ principal que las tiene en pie de lucha, porque asegún, esos Recursos Incabide son vitales para su operación.
Organizaciones como el Centro de Restauración Gabaón, Ministerio Evangelístico Carcelario Rescatando Adictos para Cristo, y la emblemática Asociación Casa Abierta, han levantado su voz. Dicen que no es posible que, habiendo una ley clara, se les esté haciendo el ‘sueco’ con una partida de fondos que debería estar aterrizando en sus programas sociales. Este incumplimiento, de verdad, es un palo ‘acechao’ para la capacidad de estas entidades que bregan día a día con el ‘tigueraje’ de la calle y las comunidades más vulnerables, donde el problema de las adicciones es más crudo.
La preocupación de estas asociaciones escaló luego de que el director del Incabide, Manuel Oviedo Estrada, les asegurara previamente que el 15 % de lo recaudado en la subasta iría directo a sus programas. Sin embargo, la historia cambió de un pronto a otro, y se habló de que esos fondos quizás terminen en el Fondo General de la Nación. Eso es como decir ‘agua clara’ y que salga turbia. Esta situación no solo genera desconfianza, sino que también pone en jaque la continuidad de servicios esenciales, dejando a muchos ‘guayando la yuca’ sin el soporte que necesitan.
Es un secreto a voces que por años estas organizaciones han batallado sin éxito para que se les entreguen estos recursos. Hay una historia larga de incumplimientos y hasta cambios legales que han debilitado su capacidad de acción. Es una situación que nos debe doler a todos, porque el problema de las adicciones no es un asunto solo del que consume, sino de la sociedad entera. La falta de apoyo real se siente en el barrio, donde los programas de prevención y rehabilitación son como un oasis en el desierto, pero sin el ‘agua’ del financiamiento, no pueden fluir.
Para muchas de estas entidades, no recibir estos fondos significa no poder operar a plenitud. Imagínense un ‘coro’ que necesita medicinas, terapia, personal capacitado y un techo para atender a gente que está buscando un cambio, ¿cómo lo hacen sin la gasolina? Las políticas actuales, que se enfocan mucho en el palo y la represión del narcotráfico, han demostrado ser insuficientes. Hay que cambiar el ‘chip’. Se necesita una estrategia más bacana, que ponga el foco en la prevención, el tratamiento y la reducción de la demanda. Esto solo se logra con un financiamiento estable y sostenido, que garantice que estas organizaciones puedan seguir siendo un bastión de esperanza.
En este sentido, las asociaciones están pidiendo que se establezcan mecanismos claros en el reglamento de la Ley 60-23. ¡Es que la cosa tiene que estar clara como el agua del río! Quieren que se garantice de forma efectiva la asignación de fondos a estas iniciativas, reconociendo de una vez por todas que las adicciones son un tema de salud pública y, por ende, de derechos humanos. No es solo un asunto de ‘tigueraje’ de la calle, sino un problema que afecta la estabilidad y el futuro de nuestra gente. Invertir en esto es invertir en el bienestar de la nación.
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
