¡Klk con la justicia! El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), a través de su Comité Institucional Codiano (CIC), ha levantado la voz por la lentitud en la aplicación de la Ley 16-26. Esta normativa, promulgada con bombos y platillos el pasado 1 de mayo por el presidente Luis Abinader, prometía ser un bálsamo para los contratistas de obras públicas, quienes por años han cargado con deudas pendientes del Estado. Sin embargo, han pasado 48 días y la situación parece ser una ‘vaina’ más: sin avances visibles, la esperanza de muchos se está convirtiendo en pura desazón.
La Ley 16-26 es, en esencia, un mecanismo vital para validar, depurar, reconocer y finalmente pagar las deudas históricas del Estado. Para el sector construcción dominicano, golpeado por la burocracia y los impagos que a menudo se arrastran por décadas, la celeridad legislativa con que el Congreso la aprobó fue un respiro. Asegún el CIC, la expectativa era que esa misma rapidez se replicara en la parte administrativa, pero, ¡ay papá!, la realidad ha sido otra. Es como si el espíritu de la ley se hubiera quedado en el papel, sin la gasolina necesaria para arrancar de una vez en el terreno.
El arquitecto Emiliano Familia, coordinador general del CIC, ha sido claro en su reclamo. La frase ‘Sin comisión no hay validación. Sin validación no hay reconocimiento. Sin reconocimiento no hay pago. Y sin pago no hay justicia’ resuena fuerte y claro en el patio. La no conformación de la comisión responsable de operar la ley es el principal nudo que hay que desatar. Este ‘tigueraje’ de la inacción administrativa solo contribuye a aumentar el malestar entre los profesionales que tienen ‘un viaje de’ años esperando una solución justa y merecida.
Desde hace semanas, el CIC ha estado pidiendo a gritos la integración de este organismo, incluso depositando una comunicación formal ante el Ministerio de Hacienda y Economía. Pero hasta el sol de hoy, no hay respuesta pública que aclare el panorama. No se trata de buscar pleitos ni ‘chercha’, sino de que se materialice la voluntad presidencial. Lo que se necesita es un cronograma básico de ejecución, que indique las fechas para la instalación de la comisión, el inicio de los trabajos de validación y los procedimientos. Sin esa claridad, los contratistas andan a ciegas, lo que no está ‘chulo’ para la confianza ciudadana ni para la credibilidad institucional.
La prolongada inactividad no solo genera frustración, sino que tiene un impacto profundamente humano. Muchos de estos contratistas son profesionales septuagenarios, con problemas de salud y viendo cómo su patrimonio familiar se deteriora mientras esperan el pago por obras ya entregadas al Estado. Evitar que esta gente ‘vieja y enferma’ tenga que volver a las protestas en la calle, como ha ocurrido históricamente, es un deber. La Ley 16-26 no es solo una norma, es una promesa de alivio para familias que han dado su vida al desarrollo del país.
El Comité Institucional Codiano, con toda la razón del mundo, insiste en que la prioridad de los expedientes más antiguos y de los contratistas agrupados en su entidad no es un capricho. Tiene fundamentos técnicos, jurídicos y, sobre todo, humanos. La ley ya hizo su recorrido y fue promulgada; ahora le toca a las autoridades darle el seguimiento que corresponde. Es hora de que el Estado demuestre que la palabra empeñada y la ley escrita no son solo papel mojado, sino un compromiso ‘bacano’ con la gente que construye nuestra nación.
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
