¡Qué ‘Lío’ con el Código Penal! Piden más Tiempo para Arreglar ‘Incoherencias’

¡Qué ‘lío’ se ha formado con el nuevo Código Penal! La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) ha salido al frente, solicitando al Poder Ejecutivo que se amplíe el periodo de ‘vacatio legis’ de la Ley núm. 74-25, cuyo plazo para entrar en vigor está fijado para el próximo 5 de agosto. La comunidad jurídica, desde juristas hasta académicos, está en un ‘qué sé yo’ con esta situación, pues la aplicación inmediata del Código Penal, tal cual está, podría armar un ‘sancocho’ en nuestro sistema judicial.

La ‘vacatio legis’ no es solo una espera; es un periodo sagrado para que una ley madure, se entienda y, si es necesario, se corrija antes de que impacte la vida de la gente. En este caso, lo que se busca es un tiempo prudente para pulir las ambigüedades, las duplicidades y esas ‘cositas’ incoherentes que, asegura Servio Tulio Castaño Guzmán de FINJUS, están por doquier en el texto actual. Aplicar esta ley sin un buen ‘ajuste’ podría provocar distorsiones serias en los tribunales y, sin duda, un ‘despelote’ en la armonía que debe tener nuestro bloque de constitucionalidad. Es una ‘vaina’ que no se puede tomar a la ligera.

No es la primera vez que el país se ve en esta disyuntiva con el Código Penal. Históricamente, la República Dominicana ha tenido un camino largo y espinoso para modernizar su legislación penal. Por décadas, varios proyectos se han estancado en el Congreso, precisamente por falta de consenso o por detalles que no terminaban de ‘cuadrar’. Esta ley actual, aunque un paso adelante, hereda algunas de esas complejidades y, sin el tiempo necesario para su revisión, podríamos pasar de una mejora a un ‘salto al vacío’, comprometiendo la seguridad jurídica de todos los ciudadanos.

Las ‘graves lesiones’ al sistema penal de las que advierte FINJUS no son un relajo. Imagínese usted un ‘tigueraje’ aprovechándose de vacíos legales, o que un ciudadano común termine en un ‘aprieto’ legal por una ley mal redactada. Se podría deteriorar la confianza en la justicia, lo que sería un golpe duro para nuestro estado de derecho. Una ley es el pilar de la convivencia pacífica, y si ese pilar está ‘tambaleando’, el ‘techo’ completo puede venirse abajo. Es crucial que el texto sea claro como el agua, para que no haya margen a la interpretación acomodaticia o a la injusticia.

Por eso, la propuesta de FINJUS no es solo pedir un aplazamiento, es un llamado a la acción para sentarse a la mesa. Es un espacio de diálogo técnico donde todos los actores importantes —jueces, fiscales, abogados, el Poder Ejecutivo— puedan echar un ‘vistazo’ profundo y encontrar las vías jurídicas idóneas para superar cada uno de los problemas detectados. Queremos un Código Penal ‘bacano’, que de verdad fortalezca el orden democrático y la seguridad de nuestro ‘patio’, no una ‘vaina’ que nos traiga más problemas de los que resuelve. La confianza en nuestras instituciones se construye con decisiones responsables, y un Código Penal liberado de tensiones técnicas e incongruencias es un cimiento fuerte para la paz social y la convivencia, no un ‘cuento de camino’.

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