¡La ‘Vaina’ de la Policía y las Órdenes de Arresto: Un Klk Peligroso!

La situación en la calle está de lo más caliente, mi gente. Aseguún un reporte reciente, la Policía Nacional, esa institución que se supone nos cuida, se encuentra en una ‘vaina’ bien particular: tiene menos agentes en sus filas que el número de ‘órdenes de arresto’ pendientes por ejecutar. Este dato, que viene a ponerle más sazón al debate sobre la seguridad ciudadana, revela una desproporción que a muchos nos pone a pensar en la efectividad de la lucha contra el crimen en nuestro patio.

Imagínense la ‘chercha’: con 43,464 miembros en la nómina hasta agosto, hay un total de 53,877 ‘órdenes de arresto’ contra 50,865 personas. Eso es un ‘klk’ serio, pues significa que hay 7,401 requeridos más que policías, o sea, 1.24 órdenes por cada agente. Este panorama cobra una importancia tremenda, especialmente ahora que el Gobierno le ha puesto más presión al tema de la delincuencia y se enfrenta a un viaje de críticas por las muertes ocurridas durante intervenciones policiales.

Precisamente, el ‘tigueraje’ del periodismo de investigación de Diario Libre sacó a la luz una realidad que dejó a más de uno con la boca abierta. Apenas un día antes de que se presentaran estos datos, se reveló que, de al menos 182 personas fallecidas en operativos policiales este año, solo tres aparecían en la lista pública de prófugos de la institución. La Policía, por su lado, alega que su plataforma solo muestra una pizca de los casos, los ‘más buscados’, que representan apenas el 1 % del total, lo que, según ellos, explica la discrepancia.

Y hablando de delitos, la ‘vaina’ se pone más clara cuando vemos que siete tipos de crímenes concentran el 42.4 % de todas esas órdenes pendientes. El robo, con 11,587, se lleva la palma; seguido de heridas y agresiones físicas con 6,066. Luego vienen homicidios con 2,681, delitos de drogas con 1,385, secuestros con 647, porte ilegal de armas con 399 y trata de personas con 67 casos. Es un inventario que nos da una idea de los retos que tenemos como sociedad en materia de seguridad.

Ante este escenario, el Gobierno no se ha quedado callado. El presidente Luis Abinader reiteró el llamado a los que tienen órdenes de arresto para que se entreguen, porque ‘hay equipos buscando’. Y anunció que se seguirá reforzando la seguridad ciudadana, con más agentes, tecnología, equipos y la expansión del patrullaje por cuadrantes. La vicepresidenta Raquel Peña, por su parte, fue directa al grano: dijo que quienes pretendan delinquir ‘tienen que atenerse a las consecuencias’ cuando se le preguntó sobre los famosos ‘intercambios de disparos’. Es una postura firme, que busca garantizar la paz social.

Pero no todo el mundo está en esa misma sintonía. El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP), por ejemplo, le pidió al presidente Abinader un ‘alto al fuego’ con estas muertes. Cándido Simón, representante del organismo, fue enfático: la Policía tiene la potestad de identificar y detener, no de matar. Y el abogado Manuel Sierra nos recordó que la Constitución dominicana prohíbe la pena de muerte. Ellos insisten en que lo que buscan es proteger la vida, no justificar el ‘tigueraje’.

En esa misma línea, Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), metió la cuchara y advirtió que la lucha contra el crimen no puede justificar ejecuciones extrajudiciales. Hizo un llamado a respetar la Constitución y las leyes, señalando que el artículo 37 protege el derecho a la vida. Según él, los agentes tienen que saber diferenciar entre una amenaza real e inminente y una situación donde no hace falta emplear fuerza letal. También reconoció que los policías necesitan apoyo, pero siempre con controles y mecanismos de rendición de cuentas, apoyando la modernización pero con sensatez y cumplimiento de las normativas.

Al final del día, lo que tenemos en el país es un debate ‘jevi’ y necesario sobre cómo se debe enfrentar la delincuencia. Por un lado, la necesidad de que el Estado garantice la seguridad ciudadana; por el otro, la ineludible obligación de respetar los derechos fundamentales de todos los dominicanos. Es una cuerda floja donde se juega el futuro de la justicia y la convivencia en nuestra querida República Dominicana. ¡Esa ‘vaina’ no es fácil, pero hay que buscarle la vuelta!

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