¡La vaina está que pica en La Vega! Decenas de médicos y profesionales de la salud se tiraron a las calles frente al Palacio de Justicia, montando un coro de protesta bacano en respaldo a un odontólogo y su asistente. ¿La razón? Supuesta mala práctica médica que, asegún el gremio, se está ventilando por la vía penal cuando debió ser un lío civil. Con consignas como ‘Médico sí, delincuente no’ y ‘Libertad, libertad’, el tigueraje médico dejó claro que no están de acuerdo con la forma en que el Ministerio Público está manejando este caso, que ellos ven como una criminalización del ejercicio de la medicina.
La secretaria general nacional del Colegio Médico Dominicano (CMD), Miosotte Lazala, puso el grito en el cielo, diciendo que este tipo de accionar es un atropello que busca amedrentar a los que día a día se fajan por la salud del pueblo. El expresidente del CMD, Waldo Ariel Suero, que siempre está activo en la defensa de su gente, lo puso más claro aún: ¿cómo es posible que arresten a profesionales sin siquiera citarlos a interrogar? Es una falta de respeto que, de una vez, levanta sospechas sobre el proceso.
La comunidad médica dominicana, que ya tiene su cruz con las condiciones laborales y los desafíos diarios, ve en este caso una amenaza seria. No es lo mismo una querella civil, que busca resarcimiento económico, que un proceso penal, que implica privación de libertad y mancha la reputación. La diferencia es un viaje y el CMD insiste en que la ruta correcta no era apresar de esa forma, especialmente cuando no hay personas fallecidas ni con discapacidades graves permanentes, según su óptica. El Ministerio Público, por su lado, argumenta que los imputados, Franklin José Almánzar y William Almánzar, violaron la Ley General de Salud 42-01, con el primero supuestamente ejerciendo sin el exequátur reglamentario.
El exequátur, para los que no están claros, es como el ‘visado’ profesional, el permiso que el Poder Ejecutivo otorga a los titulados universitarios para ejercer su profesión de manera legal en el país. Sin él, la práctica se considera ilegal y eso es una vaina que trae sus consecuencias. En este caso específico, la paciente alega daños nerviosos y edema facial tras el procedimiento, lo que el Ministerio Público usa como base para pedir prisión preventiva, una medida que los galenos consideran desproporcionada y que genera un coro de indignación en el sector.
Este suceso en La Vega no es un hecho aislado; forma parte de un debate más amplio sobre la responsabilidad médica y los límites de la justicia en casos de resultados adversos. Es un pulso entre la protección del paciente y la garantía de un debido proceso para el profesional. El Colegio Médico, con este tipo de protestas, busca presionar a las autoridades para que se establezcan protocolos más claros y justos, evitando así que el ‘tigueraje’ de apresar primero y preguntar después se convierta en la norma. La salud pública de un país depende en gran medida de la confianza y seguridad de sus profesionales. Si los médicos sienten que están en la mira constante, esto puede afectar la calidad y el acceso a los servicios.
Waldo Ariel Suero no se quedó ahí y le hizo un llamado directo al presidente Luis Abinader, a la procuradora Yeni Berenice Reynoso y al ministro de Salud Pública, Víctor Atallah. La gente quiere que las autoridades pongan ojo a esta situación, que se intervenga para buscar una solución justa y que se le dé la debida atención a un tema tan delicado. Al final del día, todos queremos que los médicos puedan trabajar tranquilos y que los pacientes reciban el mejor servicio, sin que haya espacio para atropellos ni arbitrariedades de ningún lado.
Este tipo de conflictos resalta la importancia de una buena comunicación entre paciente y profesional, así como la necesidad de una regulación clara y un sistema de arbitraje eficiente que pueda dirimir estas disputas antes de que escalen a instancias penales. La protección de la salud es un derecho fundamental, pero también lo es el derecho a un debido proceso y a la presunción de inocencia para quienes ejercen una profesión tan vital como la medicina. La República Dominicana está en un momento crucial para definir cómo se manejarán estos casos en el futuro, y la mirada del gremio médico está puesta en las decisiones que se tomen.
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