La Ley 87-01, nuestra carta magna de la Seguridad Social dominicana, acaba de cumplir un cuarto de siglo, y la verdad es que está más llena de achaques que un viejito en bachata. Desde su implementación hace 25 años, esta normativa ha sido un ‘punto y aparte’ comparado con lo que teníamos antes, pero el consenso generalizado, y el mismo Arismendi Díaz Santana –uno de sus ‘padres’– lo confirma, es que necesita una reforma ¡de una vez! Los afiliados, los verdaderos dueños de este sistema, siguen siendo los menos beneficiados, tanto en pensiones como en salud, una realidad que nos tiene a muchos en ‘bateo’.
El tema de la reforma de la ley ha sido un ‘klk’ constante en el Congreso, con un viaje de proyectos que van y vienen, ¡hasta nueve se han contado! Es un verdadero ‘tigueraje’ legislativo donde cada cual presenta su propuesta sin llegar a un acuerdo. Díaz Santana explica que incluso una comisión bicameral armó un proyecto tan desfigurado que se cayó al instante. La verdad es que a los legisladores les gusta presentar propuestas en sus provincias para decir que están ‘en eso’, pero la realidad es que el interés de la gente se queda en el aire. Ahora se espera que el Presidente Abinader presente su propia propuesta, y ojalá esta vez el asunto coja fuerza.
Asegún Díaz Santana, el principal escollo para la reforma es la falta de interés de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y, sorprendentemente, del propio Estado. Las AFP están ‘de lo más bien’ con el esquema actual, ganando un ‘coro’ de dinero sin mucho esfuerzo, simplemente gestionando fondos que ni siquiera tienen que recolectar. No tienen incentivos para buscar una mayor rentabilidad para los afiliados, y peor aún, comienzan a diversificar inversiones en sus propios grupos de influencia. ¡Es la pura ‘ley del embudo’ que tanto nos suena en el patio!
Esta falta de incentivo no solo perjudica el crecimiento del patrimonio de los trabajadores, sino que también deja a una gran parte de la población en una situación bien vulnerable. La propuesta de la Fundación Seguridad Social para Todos, donde Díaz Santana es figura clave, busca que el afiliado pueda retirar el 50% de su patrimonio acumulado al jubilarse, con el Estado garantizando una pensión subsidiada con el 50% restante. Esta vaina es crucial, sobre todo porque la inestabilidad laboral y la informalidad hacen que muy pocos logren cotizar los 30 años completos.
La situación del sistema de pensiones se vislumbra ‘heavy’ para 2033, cuando unos 1.3 millones de dominicanos cumplan los 30 años de cotización. Imagínense la ‘chercha’ que se armará cuando miles de personas que esperaban una pensión digna se enteren de que solo recibirán ‘diez mil pesitos’. Esto no es como el viejo coro de los cañeros; estamos hablando de cientos de miles de pensionados que demandarán respuestas, y si no se actúa ahora, el país podría enfrentar un ‘tapón’ social de proporciones bacanas.
En cuanto al sistema de salud, el asunto es igualmente crítico, pero con una diferencia ‘chula’: la Ley 87-01 ya contempla todas las transformaciones necesarias. Atención primaria, un plan básico de salud, la organización por niveles de atención… ¡todo está ahí! El problema no es de ley, sino de voluntad y ejecución. La implementación de estas medidas podría mejorar significativamente la calidad del servicio para el afiliado sin necesidad de cambiar la ley, solo aplicándola como se debe.
La controversia del ‘Senasa 2.0’ y el desfalco de RD$13,500 millones es una muestra clara de cómo el sistema se ha visto afectado por ‘trampas’ y la asignación de contratos irregulares. El Ministerio Público ha confirmado la investigación, pero el proceso parece estar enfriándose, lo que genera dudas sobre la transparencia. Esto demuestra que, aunque el Senasa está funcionando, su estabilidad se ha visto comprometida por la falta de cumplimiento de las reservas técnicas y el ‘tigueraje’ de algunos con los contratos.
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