¡Santo Domingo amaneció este sábado con la noticia de un desalojo ‘jevi’ en la emblemática plaza Teleofertas, ubicada en la concurrida intersección de la Máximo Gómez con la 27 de Febrero! La Policía Nacional salió de una vez a aclarar que la vaina no es un capricho, sino que responde a un proceso por ocupación ilegal de terrenos, respaldado por una orden judicial. El coronel Diego Pesqueira, vocero de la uniformada, presentó los documentos que sustentan la legalidad del procedimiento, incluyendo la resolución del Abogado del Estado y una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. La **Desalojo en Teleofertas** se presenta, según las autoridades, como un acto de apego a la ley.
Este tipo de ‘coro’ legal no se cocina de la noche a la mañana, gente. Las autoridades explicaron que la medida se fundamenta en la Resolución No. 052 de febrero de 2026, amparada en la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario y la Ley 396-19. Esto significa que hay un ‘viaje de’ tiempo y procedimientos detrás de esta decisión, que busca restituir la posesión legítima de inmuebles que, según los títulos, están siendo ocupados ilegalmente. La burocracia y los tribunales, aunque a veces lentos, tienen su proceso y, asegún dicen, aquí se cumplió.
Estamos hablando de un área de más de 4,300 metros cuadrados en el Distrito Nacional, un punto neurálgico para el comercio y el tránsito. La importancia estratégica de esta esquina es brutal, y no es de extrañar que un terreno con tanto potencial sea objeto de disputas. Esta ‘vaina’ de la tenencia de la tierra, especialmente en zonas de alto valor urbano, es un tema viejo en el país, donde títulos de propiedad antiguos a veces chocan con décadas de ocupación y desarrollo informal, creando un dilema ‘chulo’ para la justicia.
Sin embargo, la otra cara de la moneda no se hizo esperar. Los familiares del fenecido comunicador y empresario Johnny Marte alzaron su voz, calificando el desalojo de irregular. John Marte, hijo del empresario, denunció que ni a él ni a su gente se les notificó sobre la acción, a pesar de que su familia llevaba más de treinta años operando en el local y haciendo sus aportes a la sociedad. La ‘chercha’ es que no solo su negocio, sino más de veinte en esa esquina, que conforman un ‘coro’ de familias que viven de eso, se vieron afectados sin, asegún ellos, el debido proceso. Esto pone ‘en jaque’ la confianza en cómo se manejan estas situaciones.
La complejidad de los conflictos por terrenos en República Dominicana es algo que vemos a menudo. No es un secreto que muchas veces los títulos de propiedad, aunque válidos legalmente, se enfrentan a situaciones de ocupación de hecho que se extienden por décadas, creando comunidades y negocios establecidos. En estos casos, garantizar que la justicia ‘esté de lo más bien’ en cada etapa del proceso, incluyendo la notificación, es crucial para evitar percibir ‘tigueraje’ o injusticias que empañen la legitimidad de las decisiones.
Mientras la Policía Nacional afirma que su rol se limitó a garantizar el orden público y proteger la integridad física de las personas, actuando con proporcionalidad y respeto a los derechos, la situación deja un sabor agridulce. Es fundamental que estos ‘coros’ judiciales se desarrollen con la máxima transparencia para que la población se sienta ‘bacana’ con las resoluciones. Al final del día, todos queremos que la ley se cumpla, pero con el respeto y la consideración que cada dominicano merece.Si te ha gustado este artículo, ¡compártelo con tus amigos, o déjanos un comentario!
Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
