La Comisión Dominicana de los Derechos Humanos está con el grito al cielo, y no es para menos. Su presidente, Virgilio Almánzar, ha encendido las alarmas por el aumento de fallecimientos en los supuestos intercambios de disparos entre civiles y agentes de la Policía Nacional. La cosa está más seria de lo que parece, pues asegún sus datos, en lo que va de año 2026 ya van alrededor de 93 personas muertas bajo estas circunstancias. ¡Una vaina de no creer!
Esta cifra no es un relajo; para la entidad, refleja un crecimiento preocupante de la violencia y, lo que es aún más delicado, de acciones policiales con desenlace letal. No estamos hablando de números fríos, sino de vidas que se han ido en situaciones que, a menudo, quedan sin la debida explicación. La preocupación es legítima, y el clamor por mayor transparencia y justicia resuena fuerte en el ambiente.
Almánzar no se guardó nada y puso el dedo en la llaga, señalando comunidades como La Joya, donde ya acumulan nueve de estos fallecimientos. En Pedro Blanco, la cifra es aún más alta, con 11 muertes relacionadas. Es un escenario que deja a uno pensando qué está pasando en las calles de nuestro país, y si los protocolos de actuación policial se están siguiendo al pie de la letra, o si hay un tigueraje operando de forma que pone en jaque la seguridad y la confianza ciudadana.
Lo más ‘jevi’ de todo es la denuncia de Almánzar sobre bandas criminales que operan en estas zonas y que, supuestamente, estarían siendo protegidas por algunos oficiales de la Policía Nacional. Esta afirmación, si es cierta, es una bomba de tiempo que necesita ser desactivada de una vez. Un agente policial envuelto en componendas con el bajo mundo es algo que no le hace bien a nadie, y menos a la institución que debe velar por el orden y la seguridad de todos los dominicanos.
La situación en Santiago también se ha puesto bacana, pero de lo malo. La Comisión de Derechos Humanos ha tenido que pedir la intervención de la Procuraduría General de la República para que meta mano y realice investigaciones independientes. Y es que, según Almánzar, la falta de indagaciones imparciales por parte de la Procuraduría en estos casos es lo que mantiene la sombra de la duda y la impunidad en el aire, afectando la credibilidad en el sistema de justicia.
El activista hizo hincapié en casos como el de los tres miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) que murieron en un incidente en el kilómetro 12, del cual, hasta el sol de hoy, no hay explicaciones concluyentes. Esta falta de claridad es un viaje de frustración para la sociedad y para los familiares de las víctimas. La transparencia es la base para que el pueblo confíe en sus instituciones, y si esa base se resquebraja, la vaina se pone fea.
La Fuerza de Tarea Conjunta, liderada por la vicepresidenta Raquel Peña y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, también ha confirmado la cifra de 93 presuntos delincuentes fallecidos en ‘intercambios de disparos’. Las autoridades argumentan que los agentes se enfrentan a escenarios de alta violencia, con delincuentes usando métodos cada vez más sofisticados. Pero a pesar de la peligrosidad de la calle, la vida humana es sagrada, y la rendición de cuentas es fundamental para un estado de derecho. La Comisión Dominicana de los Derechos Humanos seguirá en la chercha, exigiendo justicia y respeto a los derechos fundamentales.
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
