Más de 3,000 empleos en riesgo: buscan solución al conflicto entre MIVHED y empresarios chinos

A partir de este lunes se iniciará un proceso de diálogo entre empresarios chinos afectados por el cierre de sus negocios y las autoridades dominicanas, con el objetivo de alcanzar un posible acuerdo que permita la reapertura de sus establecimientos.

Así lo informó el abogado Salvador Catrain, representante legal de los comerciantes, quien explicó que fue convocado por las autoridades competentes a una reunión programada para este lunes a las 10:00 de la mañana, motivo por el cual decidió posponer la rueda de prensa que había anunciado.

“Entendemos que va a comenzar un proceso de diálogo que garantice tanto la posición del MIVHED como los derechos de las empresas chinas que representamos”, expresó Catrain.

El abogado exhortó a la población a mantenerse atenta a los resultados de la reunión, ya que durante el encuentro podrían anunciarse las posibles soluciones o avances para resolver el conflicto.

“Nosotros apostamos al diálogo, la conversación y los acuerdos consensuados como la mejor vía para llegar a una solución justa y equilibrada”, añadió.

Catrain no precisó con qué funcionarios se reunirá, pero agradeció el interés de los medios de comunicación y se comprometió a ofrecer detalles una vez concluido el encuentro.

El conflicto se originó luego de que el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) ordenara el cierre de la tienda SUPLAX, en el Distrito Nacional, y de otros diez establecimientos en el interior del país, alegando presuntas irregularidades en sus licencias de construcción.

Los abogados de las empresas sostienen que las decisiones del MIVHED “carecen de sustento jurídico y vulneran derechos fundamentales de los empresarios que operan conforme a la ley”, además de afectar la seguridad jurídica y la confianza de la inversión extranjera.

Las compañías aseguran que cuentan con los permisos municipales y medioambientales correspondientes, y que sus operaciones generan más de tres mil empleos directos e indirectos en distintas comunidades.

Asimismo, denunciaron falta de transparencia por parte del MIVHED, señalando que el cierre fue ejecutado el 8 de septiembre, antes de que existiera un informe técnico que lo justificara, pues el documento de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad (ONISVIE) fue emitido el 17 de septiembre.

Ante las irregularidades, los representantes legales interpusieron un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo, acompañado de una solicitud de medida cautelar para suspender los efectos de las decisiones del MIVHED. La audiencia está pautada para el 16 de octubre de 2025, en modalidad virtual.

Mientras tanto, los empresarios afectados continúan el proceso de formalización y adecuación técnica de sus locales con el apoyo de ingenieros certificados, en busca de garantizar el cumplimiento total de los requisitos legales.

Los abogados y comerciantes confían en que el diálogo con las autoridades permita resolver la situación sin más perjuicios económicos ni pérdida de empleos.

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