La reciente condena a Edickson Herrera, alias “Yeyea”, exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ha vuelto a poner el dedo en la llaga de un tema que, de cuando en vez, nos sacude de la tranquilidad: la narcopolítica. Y es que el analista político Obniel Ramírez, con la vaina fresquecita de la sentencia, ha lanzado unas preguntas que, honestamente, nos deberían tener a todos pensando, y no es para menos. ¿El dinero ilícito que financiaba campañas electorales, a quién diablos se lo entregaba el ‘Yeyea’? ¿Y qué de las consecuencias de que esa plata sucia haya llegado a las arcas de quienes hoy dirigen los destinos de la República Dominicana?
El caso de “Yeyea” no es un relajo ni una chercha; es algo sumamente serio. Hablamos de un representante del pueblo en la Sala Capitular, ¡un regidor!, condenado a siete años en Estados Unidos por su vinculación con el crimen organizado y el tráfico de cocaína. Esto no es solo una noticia más para leer mientras uno se toma el cafecito; es la confirmación de que el tigueraje de la droga ha metido las manos de una manera profunda en nuestro sistema político. Asegún Ramírez, “Leer la noticia de que Yeyea fue condenado no es tan sencillo como cualquiera pudiese pensar. Estamos hablando de un representante del Estado dominicano en la Sala Capitular, encontrado culpable por tráfico de cocaína.” Y con to’ y to’, tiene toda la razón.
El politólogo no solo se quedó ahí, sino que metió en el saco otro caso que también ha sonado un viaje: el exdiputado Miguel Gutiérrez, quien, según él, asumió un coro de gastos en la campaña del 2020 en Santiago y otras candidaturas que apoyó. ¡Uff! La situación se pone más turbia. Esto no pinta un escenario aislado, sino una madeja que parece extenderse por varios rincones de nuestra política. La pregunta que se cae de la mata es: ¿Cuántas personas más saldrán embarradas en este lodo? ¿A quién le pasaba el dinero “Yeyea” para las candidaturas? Y, lo más inquietante, ¿quién demonios lo depuró cuando se inscribió como candidato? ¿Quién le dio el papelito de buena conducta a gente con casos abiertos? Cuando Obniel dice que somos una “republiquita”, uno empieza a creerle de una vez.
La sombra de “El Fantasma”, la lancha supuestamente utilizada por “Yeyea” para mover su mercancía, agrega un toque de película a este drama. El periodista Ricardo Nieves, con su estilo directo que tanto nos gusta, ha puesto sobre la mesa una serie de cuestionamientos que son de oro: ¿Cómo entra esa droga? ¿Cómo le meten a uno 375 kilos? ¿Quién la recibe, la distribuye, la vende y la lava? Y la cereza del pastel: ¿Quién la recoge? Nieves no se traga la vaina de que todo eso pasó sin que nadie supiera nada. ¡Por favor! Un barco, que compró por 200 mil dólares, para meter su asquerosidad, su sucieza, ¿cómo se movía sin permiso de la Armada? ¿Quién le daba luz verde? Es obvio que aquí hay un coro de gente montao’ en el mismo barco, y no precisamente en “El Fantasma”.
El caso de “Yeyea” no es el único que ha destapado la olla de la narcopolítica en el país. El nuestro, por su ubicación geográfica privilegiada, siempre ha sido un puente bacano para el trasiego de drogas desde Sudamérica hacia Norteamérica y Europa. Esto ha generado una economía subterránea que, con el tiempo, ha buscado blanquear su capital a través de diferentes vías, y la política ha demostrado ser una de las más atractivas. La infiltración del dinero del narcotráfico corroe las instituciones, desvirtúa la democracia y pone en jaque la confianza de la gente en sus líderes. Cuando vemos que un exregidor, y un general retirado como William Durán Jerez –que también fue condenado a 87 meses en el mismo caso–, están involucrados en estas redes, nos damos cuenta de la magnitud del problema.
La sentencia de 87 meses de prisión para “Yeyea”, al igual que para José Eduviges Aponte Torres y el general retirado Durán Jerez, es un paso adelante, sí. Pero la realidad es que el desafío va mucho más allá de condenar a unos cuantos. La clave está en desmantelar las redes completas y, sobre todo, evitar que la plata sucia siga llegando a las campañas. La Ley de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, y la Ley Electoral, con todo y sus avances, necesitan dientes para fiscalizar el origen y destino de los fondos de campaña. Porque si no sabemos quién financia a nuestros políticos, ¿cómo podemos estar seguros de que no le están debiendo favores a la delincuencia?
El llamado a una mayor transparencia, a controles más rigurosos en la depuración de candidatos y a una voluntad política inquebrantable para enfrentar este mal, es más urgente que nunca. No podemos permitir que el futuro de nuestra nación esté en manos de un tigueraje que solo busca lucrarse a costa del bienestar colectivo. Es hora de que las autoridades y la sociedad civil, hagan un coro fuerte y le echen los guantes a esta vaina, de verdad, para que casos como el de “Yeyea” sean la excepción y no la regla. La democracia dominicana merece estar limpia y chula, sin el fantasma de la narcopolítica rondando en cada elección.
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