La República Dominicana está de frente a un desafío que nos tiene a todos con la guardia alta: la criminalidad. Pero, ¡ojo!, la solución no puede ser solo “a lo machete”. Recientemente, en un panel de lujo en la mismísima UASD, expertos de diferentes palos —juristas, académicos y políticos— pusieron la lupa sobre un tema crucial: el papel que tienen nuestras universidades. No se trata solo de que formen profesionales, sino de que asuman un verdadero ‘tigueraje’ como generadoras de soluciones concretas para la sociedad dominicana, que está pidiendo auxilio a gritos.
Según planteó Alejandro Moscoso Segarra, quien sabe un viaje de esto por su experiencia como exprocurador y exjuez del Tribunal Constitucional, las academias deben ir más allá de solo soltar conocimiento técnico. La universidad, en su esencia, tiene la misión sagrada de formar ciudadanos con capacidad para entender su tiempo y la realidad social que estamos viviendo. Es decir, que el estudiante no solo aprenda la teoría de los libros, sino que también desarrolle una visión crítica y práctica para bregar con los problemas de nuestro día a día.
Moscoso Segarra fue claro como el agua de coco: la política criminal, esa vaina que busca ponerle freno a la delincuencia, no es solo asunto del Estado. Es más que la persecución penal; es un coro de respuestas que la sociedad y el gobierno deben orquestar juntos. Es un error pensar que solo los que están en los órganos de justicia o en el Ministerio Público son los únicos con vela en este entierro. Si queremos bajarle dos a la delincuencia, tenemos que involucrar a to’ el mundo.
Para abordar este galimatías de la criminalidad, Moscoso Segarra propuso algo bien chulo: entenderla desde un enfoque científico y social. Es decir, no es solo meter gente presa, sino saber por qué la gente roba, mata o hace sus fechorías. Por eso, el planteamiento de crear observatorios universitarios de criminalidad, clínicas jurídicas para las víctimas y programas de prevención en los barrios más vulnerables, es una vaina con sentido. Y ni hablar de reformular los planes de estudio para que le pongan más coco a la criminología; eso sí que sería una inversión a largo plazo.
En esa misma línea, el académico Claudio Mejía Medrano se unió al coro, recalcando que las universidades son actores estratégicos. Él sostiene que su capacidad para generar conocimiento, formar ciudadanos críticos y articular esfuerzos con el Estado, el sector privado y la sociedad civil, las convierte en piezas clave de este rompecabezas. No es solo investigar por investigar, sino que ese conocimiento que producen sea útil, que sirva para solucionar los problemas reales que afectan a la gente de a pie en nuestros campos y ciudades. La idea de una red nacional de observatorios es bacana; sería una fuente de data invaluable.
Y hablando de data, el comisionado ejecutivo de la reforma policial, Luis García, puso el dedo en la llaga al enfatizar la confianza ciudadana. En esta época, el reto no es solo combatir con más cámaras o tecnología, sino construir una narrativa de verdad, donde la comunidad y la autoridad trabajen de la mano. Es fundamental ese bregar juntos. Muchas veces, las políticas de seguridad se hacen ‘de arriba pa’ abajo’ y sin un enfoque multidisciplinario, lo que deja a la gente con la sensación de que no los entienden ni de casualidad. Aquí la academia puede ayudar a cerrar esa brecha.
No podemos dejar fuera la visión de Pelegrín Castillo, quien centró su discurso en la seguridad tecnológica y territorial. La necesidad de un ‘escudo cibernético’ que nos proteja de ataques externos es una realidad, así como el descontrol que tenemos con la venta de celulares sin identificación y paquetes telefónicos sin control, ¡eso sí que es una vaina! También insistió en la importancia de fortalecer nuestra frontera con tecnología de punta y en la implementación de un servicio social para los jóvenes, que son un viaje de gente con potencial.
Finalmente, Víctor Garrido de Adesinc, la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad, puso sobre la mesa la idea de integrar formalmente al sector de vigilancia privada. ¡Imagínate! Generan 180 millones de horas de vigilancia al año, pero esa capacidad está subutilizada por falta de una ley moderna. Ellos podrían ser un brazo auxiliar jevi para la seguridad pública, aliviando un poco la carga que tienen nuestros agentes. Esa alianza entre lo público, lo privado y lo académico, podría ser la clave para que la ‘vaina’ de la inseguridad nos deje tranquilos de una vez por todas.
Si te ha gustado este artículo, ¡compártelo con tus amigos, o déjanos un comentario!
Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
