¡Diablos, pero qué relajo! La Dirección General de la Policía Nacional se ha convertido, según el propio Tribunal Constitucional (TC), en la entidad estatal que más se hace la ‘ciega’ y es reacia a acatar sus decisiones. Esto no es un cuento de camino; los datos revelan un patrón reiterado de incumplimientos que ya da dolor de cabeza y pone en tela de juicio la efectividad de nuestro sistema de justicia.
El caso más sonado y reciente es el de Dulce María Lora Solís, viuda del General de Brigada (r) José Antonio Feliciano Castillo. De acuerdo a la Sentencia TC/0736/26, dictada apenas el 7 de agosto de 2026, el TC le ha ordenado a la Policía pagarle la no despreciable suma de RD$2,845,000.00. ¿Y por qué esta ‘vainita’? Pues es una astreinte, o sea, una sanción conminatoria, que se generó porque la institución policial ha sido una ‘tortuga’ en cumplir una sentencia de 2022 que ordenaba reconocer el ascenso del oficial y pagar el diferencial retroactivo de su pensión. Imagínense el ‘tigueraje’.
Pero el colmo de la ‘chercha’ es que esta no es la primera vez que el TC le mete mano con una astreinte en este mismo expediente. Ya en junio de 2025, mediante la sentencia TC/0364/25, el tribunal había fijado en RD$3,610,000.00 el monto que la Policía Nacional adeudaba, y aún así, no se puso al día. Es como si les diera ‘lo mismo’ cumplir o no, lo que es una falta de respeto a la autoridad del alto tribunal.
Y para que no se diga que es un caso aislado, un balance que el mismo Tribunal Constitucional preparó en marzo de 2025 identificó ¡24 veredictos desacatados por la Policía Nacional! Con esa cantidad, se posiciona como la entidad estatal con el mayor número de sentencias incumplidas ante esa alta corte. ¡Un récord que nadie quiere tener, klk!
Pero la Policía no está sola en este ‘coro’ de incumplidores, aunque sea la que más resalta. La lista es larga, y según una publicación del tribunal en su página web durante la presidencia de Milton Ray Guevarra, también figuran la Presidencia de la República, la Procuraduría General, Ministerios como Interior y Policía, Educación, Hacienda, Salud Pública, Obras Públicas, Defensa, Relaciones Exteriores y Medio Ambiente, entre otros. Además, varias direcciones como Prisiones, Impuestos Internos, Aduanas, Migración y Embellecimiento, y hasta la Armada, el Ejército y un sinnúmero de alcaldías, desde el Distrito Nacional hasta Esperanza, han desobedecido dictámenes del alto tribunal. ¡Parece que el sistema está cogiendo ‘un viaje’ de agua!
Esta situación pone de manifiesto que el mecanismo de la astreinte, que es una sanción pecuniaria diaria para forzar a quien debe cumplir, en la práctica, ha resultado insuficiente. Es como querer tapar el sol con un dedo; las multas se suman y el incumplimiento sigue ahí, dejando a los ciudadanos en un limbo legal y sin ver sus derechos garantizados.
Casos como el de la familia Feliciano Castillo, que ha tenido que ir al TC en al menos dos ocasiones para que se ejecute un mismo fallo, tras años de papeleos y ‘dimes y diretes’ sin respuesta efectiva, nos muestran el impacto directo en la gente. Cuando el Estado no cumple, los ciudadanos que dependen de estos fallos constitucionales para hacer valer derechos básicos, como las pensiones de sobrevivencia, se ven con un ‘chucho’ en la mano, sin saber qué hacer ni a quién acudir. ¡Esa vaina no está de lo más bien!
El origen de este enredo se remonta a la sentencia TC/0103/22, que ordenaba a la Policía Nacional reconocer el retiro de Feliciano Castillo con el rango de General de Brigada (desde marzo de 2007) y pagar retroactivamente la diferencia de pensión que dejó de percibir desde esa fecha hasta septiembre de 2019, cuando interpuso la acción de amparo. Además, el tribunal fijó una astreinte de RD$5,000.00 diarios si no cumplían en 30 días. ¡Un mandato claro y raspao!
Lamentablemente, el general falleció en enero de 2020, y su viuda, Dulce María Lora Solís, tuvo que tomar las riendas. En julio de 2024, hizo la primera solicitud de liquidación de astreinte, y se le concedió en junio de 2025, sumando RD$3,610,000.00. Pero la Policía, aunque ajustó su pensión mensual a RD$40,471.54, equivalente al rango de General de Brigada, se ‘olvidó’ de pagar el monto retroactivo diferencial de 2007-2019. ¡Así no se puede, mi gente!
Fue por esa ‘omisión’ que la señora Lora Solís, en enero de 2026, tuvo que volver a pedir otra liquidación de astreinte. El Tribunal Constitucional, con su pleno integrado por Napoleón R. Estévez Lavandier y otros distinguidos jueces, confirmó que la Policía Nacional no había aportado pruebas de haber pagado el retroactivo. Conclusión: nuevo incumplimiento injustificado. Calcularon 569 días de retraso, y a RD$5,000.00 diarios, salió el nuevo monto de RD$2,845,000.00. Y ojo, que la ‘cuentecita’ sigue sumando hasta que se cumpla de verdad. ¡A ver cuándo es que se ponen las pilas!
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
