La vaina está que pica en Higüey, mi gente. Dilenia Sánchez, una madre dolida, ha puesto el grito en el cielo por la ‘Impunidad’ que arropa el caso de su hija, Nikaury Antuna Sánchez, quien fue ultimada en 2015. ¡Imagínense ustedes! Después de dos condenas de 20 años contra el acusado Joan Antonio Santana, un tribunal de reenvío ha ordenado cesar la acusación penal. Esto es un verdadero ‘tigueraje’ judicial que nos tiene a muchos con la boca abierta, demostrando cómo, a veces, la justicia de nuestro ‘patio’ puede enredarse más que un hilo de cometa.
Desde el inicio, el proceso ha sido un verdadero ‘lío’. La familia de Nikaury tuvo que echar la pelea contra un Ministerio Público que, ‘asegún’ la señora Dilenia, se la puso de ‘grillo’. Calificaron el hecho de una manera tan débil que el acusado salió bajo fianza de RD$50,000 a los diez días de la vaina, y luego querían archivar el expediente, alegando que fue un supuesto suicidio. ¡Un viaje de anomalías! Pero esta madre no se rindió y, con una acusación privada, que no es cualquier ‘coro’ aquí y que requirió un esfuerzo titánico, lograron demostrar la culpabilidad de Santana y conseguir una primera condena de 20 años.
El expediente ha dado más vueltas que un trompo en plena chercha. Ha pasado por la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dos veces, lo que indica la complejidad y la lucha incansable de la familia por encontrar justicia. Lo más ‘chulo’ de todo es que, a pesar de que en un segundo juicio de fondo Santana volvió a ser sentenciado a 20 años de prisión, lo dejaron campante por ahí, ¡libre como el viento! La SCJ mandó la vaina de ‘reenvío’ otra vez, ordenando un tercer juicio, lo que supuestamente brindaría una nueva oportunidad para que la verdad saliera a flote.
La señora Dilenia está con el corazón en la mano, y no es para menos. Denuncia con una indignación que se siente hasta aquí, que los jueces Carlos Martínez Peña, María Charles Castillo y María del Carmen García, sin ‘pío ni pá’, sin escuchar a nadie, sin ver las pruebas, y pasando por alto lo que dijo la Suprema, decidieron que el tipo ya no debía ser perseguido. ¡Señores, esto es un disparate de primera! Una decisión así, que frena la persecución penal de manera tan drástica y sin dar inicio formal al debate ni evaluar el acervo probatorio, es algo que no se ve ni en los cuentos de camino y debilita la confianza en el sistema.
Esta ‘vaina’ no solo es un golpe para la familia Sánchez Antuna, sino para la sociedad dominicana en general, donde el feminicidio sigue siendo un flagelo que nos duele a todos. Casos como este, donde la justicia parece dar marcha atrás sin un argumento de peso que sea de lo más convincente, siembran desconfianza y desesperanza en un pueblo que clama por equidad. La ‘gente’ está cansada de ver cómo el ‘tigueraje’ se impone, y por eso el llamado a la Procuraduría General de la República para que meta la mano de una vez por todas es más que urgente. No podemos permitir que el crimen de Nikaury quede en el olvido, es una herida abierta que necesita sanar con justicia para que su memoria no sea en vano.
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Ingeniero de Sistemas especializado en Inteligencia Artificial y Automatización de Procesos. Con una trayectoria enfocada en la convergencia entre tecnología de vanguardia y comunicación digital, Ramón lidera la implementación de modelos generativos aplicados al periodismo dominicano. Su trabajo garantiza que la información que llega a la diáspora no solo mantenga nuestra identidad “del patio”, sino que cumpla con los más altos estándares de veracidad y optimización técnica de la web moderna (2026).
